Derechos humanos conculcados en la frontera sur de Europa

En 2016 aumentaron un 34 % las muertes en las costas europeas y un 125 % en las españolas

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha presentado el informe ‘Derechos Humanos en la Frontera Sur 2017’, en el que denuncia la radicalización de las políticas que vulneran los derechos humanos en España y en la Unión Europea y que contravienen la legalidad internacional, que han convertido las políticas migratorias en una «máquina implacable de generar sufrimiento, provocar muertes y violar sistemáticamente los derechos humanos de las personas migrantes o refugiadas”.

apdha-informe-frontera-sur-2017 Derechos humanos conculcados en la frontera sur de EuropaFruto de ello, denuncia la asociación, es el “descomunal incremento” durante 2016 en el número de personas que han fallecido intentando alcanzar las costas europeas, un 34 % más que en 2015, y las españolas, un 125 % más que hace tan solo dos años. “Es profundamente miserable que se venda como éxito la gestión de flujos migratorios española, cuando se cuentan por cientos los muertos y desaparecidos”, critica la APDHA.

Otro de los grandes “agujeros negros” en el ranking de vulneraciones en la geografía española, argumentan, es la existencia de ocho CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros) donde encarcelan a personas que no han cometido ningún delito. Según datos del Ministerio del Interior, durante el año pasado solo el 29 % de las personas internadas en los CIE fueron expulsadas. “Se trata de un mecanismo inútil, que solo sirve como elemento de represión y castigo”, critica la organización.

La situación es “si cabe más sangrante en algunos CIE, como el de Algeciras”, cuyas instalaciones son “horripilantes”, según el Fiscal de Extranjería de la ciudad. Ya en 2010, la Oficina del Defensor del Pueblo pidió su cierre por ser sus instalaciones “absolutamente inadecuadas, con un más que deficitario estado de conservación y lamentable higiene”. En no mejores circunstancias se encuentra el de Tarifa, denuncia la APDHA, donde hay celdas que tienen por retrete un agujero en el suelo expuesto a la vista de todos.

Para la organización social, “se profundiza hasta el extremo en la vulneración de los derechos humanos: se criminaliza a las personas refugiadas, se representa al migrante como una amenaza y se da carta blanca a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para reprender violentamente, con las devoluciones en caliente, el ejercicio de derechos como el derecho de asilo, el principio de no devolución, la prohibición de devoluciones colectivas y la protección de menores o de potenciales víctimas de trata”.

En el informe, que recoge la investigación de campo efectuada durante meses, además de recoger el trabajo que distintas organizaciones -públicas o privadas- desarrollan con las personas migrantes en Andalucía, Ceuta, Tánger y Melilla, detallan las opiniones de estas personas migrantes que esperan en los bosques de Marruecos próximos a la frontera. Viven atemorizados por las agresiones de la policía marroquí, que cada cierto tiempo les apalea y quema sus escasas pertenencias. Se preguntan, dado que sus países fueron desde antaño, y aún en el presente, expoliados y colonizados por Europa y sus empresas, por qué no se les deja entrar para buscar un futuro cuando hay una deuda legítima contraída con ellos.

Ante esta realidad, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, además de denunciar las distintas formas en la que los gobiernos promueven y vulneran los derechos humanos, exige que se respeten los derechos de las personas en la Frontera Sur, se cumpla el derecho internacional y se establezcan vías seguras para que quienes huyen de la guerra y el hambre o por decisión propia puedan encontrar un futuro sin tener que arriesgar su vida en ello.

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